Con una sola voz, productores de seis estados buscan incidir en políticas públicas que les permitan enfrentar costos elevados, contrabando y pérdida de mercados.
Ante la pérdida de competitividad y el desplazamiento en mercados nacionales e internacionales, productores de camarón de distintos estados del país han decidido reorganizarse en una sola estructura nacional para fortalecer su capacidad de gestión y defensa del sector.
Se trata del Consejo Nacional de Productores Acuícolas de Camarón, organismo que integra a productores de Sonora, Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Colima y Tamaulipas, y que agrupa a más de mil 200 unidades productivas.
De acuerdo con Carlos Urías Espinoza, la creación de este organismo responde a la necesidad de superar la dispersión con la que anteriormente operaban las organizaciones estatales, lo que limitaba su capacidad de incidencia ante el Gobierno Federal.
“Llegamos a la conclusión de que necesitábamos una sola voz para atender problemas de carácter nacional y tener mayor efectividad en las gestiones”, explica.
Un sector con presión creciente en costos y mercados
México se ubica como el séptimo productor mundial de camarón; sin embargo, enfrenta una desventaja estructural frente a otros países productores.
El principal problema radica en los costos de producción. De acuerdo con el Consejo, dos factores explican la pérdida de competitividad: el costo de la energía —que puede duplicar al de países competidores— y el costo del financiamiento, que en México es hasta tres veces más alto.
Esta brecha ha permitido que países como Ecuador, India o Vietnam desplacen al camarón mexicano en mercados internacionales y, más recientemente, en el propio mercado nacional.
“Estamos perdiendo los mercados internacionales y ya se empieza a perder el mercado interno; es un tema de competitividad”, señala Urías.
Contrabando e importaciones: presión directa sobre el mercado
A esta situación se suma la entrada de camarón extranjero a precios más bajos, tanto por vías legales como mediante contrabando, lo que genera una competencia desleal en el mercado interno.
La diferencia de costos —que puede ser de entre 30 y 40 por ciento— permite que producto extranjero se comercialice por debajo del precio nacional, desplazando a los productores locales.
En un mercado considerado como commodity, el precio se convierte en el factor decisivo de compra, lo que reduce las posibilidades de competir únicamente con calidad o trazabilidad.
De la dispersión a la coordinación nacional
El Consejo Nacional surge precisamente para enfrentar este entorno desde una lógica de coordinación.
Entre sus principales acciones se encuentran el seguimiento semanal del comportamiento del mercado, el impulso a programas de mejora genética del camarón y la construcción de propuestas para incidir en políticas públicas relacionadas con costos energéticos, financiamiento y comercio.
Además, el organismo ha iniciado un proceso de diálogo con distintas dependencias del Gobierno Federal, incluyendo áreas de economía, hacienda, agricultura, aduanas y energía, con el objetivo de construir soluciones de corto y mediano plazo.
Una agenda que combina competitividad y sostenibilidad
Dentro de las propuestas planteadas, destaca la electrificación de granjas acuícolas como una vía para reducir costos operativos y mejorar la eficiencia productiva, así como el fortalecimiento de campañas de consumo nacional.
También se busca avanzar en mecanismos que permitan ordenar el mercado y garantizar condiciones equitativas para los productores mexicanos.
Un sector estratégico para el empleo y la producción
El impacto del sector acuícola va más allá de la producción. De acuerdo con estimaciones del propio Consejo, la actividad genera alrededor de 220 mil empleos directos e indirectos en el país.
En este contexto, la reorganización del sector busca no sólo recuperar mercados, sino también preservar la viabilidad de una actividad que tiene un peso relevante en diversas regiones del país.
Una nueva etapa para la acuacultura nacional
La conformación del Consejo Nacional marca un punto de inflexión en la forma en que el sector enfrenta sus desafíos.
Más allá de la coyuntura, el objetivo es construir una estructura que permita articular intereses, fortalecer la interlocución institucional y generar condiciones para un desarrollo más competitivo y sostenible de la acuacultura en México.
