Pasar de la pasividad al activismo, de rascarse solo con las propias uñas a sumar capacidades y ponerlas también al servicio de otros, no es solo una expresión coloquial: es una redefinición del papel del empresariado en Sinaloa. Eso es, en esencia, el Colectivo de Organizaciones y Empresarios, CORE33, una estructura que se distingue por su disciplina, persistencia y visión estratégica, pero sobre todo por representar una forma distinta de entender la participación empresarial: más técnica, más transversal, menos ideológica y profundamente basada en datos.
En el fondo, lo que plantea CORE33 es un cambio de lógica. Dejar de sobrevivir dentro del sistema para comenzar a incidir en su rediseño. Dejar de ser receptor de reglas para convertirse en actor en su construcción. Así lo explica Luis Enrique Bolaños Amador, presidente en turno del colectivo y representante de la Asociación de Ejecutivos de Venta y Mercadotecnia de Navolato, al señalar que el verdadero cambio no radica en quién gobierna, sino en cómo la sociedad productiva decide organizarse para interactuar con el poder.
Este proceso no surge de la nada. Tiene una raíz clara en septiembre de 2015, cuando distintas cámaras empresariales decidieron dejar de operar de forma aislada y construir una plataforma común bajo el nombre de Intercamaral Sinaloa. La decisión no fue ideológica, fue matemática. Las Mipymes generan alrededor del 60% del Producto Interno Bruto regional y el 75% del empleo formal. En esa lógica, no son pasajeros del sistema económico: son su motor completo.
Entre 2015 y 2021, esa plataforma sostuvo 134 reuniones formales de trabajo con gobernadores, secretarios de Estado, legisladores, rectores y órganos constitucionales autónomos. No se trató de encuentros simbólicos, sino de la construcción sistemática de interlocución institucional. Ahí se configura uno de los rasgos más relevantes del modelo: la transversalidad política. CORE33 no se alinea con partidos, pero entiende que cada decisión pública impacta directamente en la operación de las empresas. Por eso se define como apartidista, pero no apolítico.
La formalización del colectivo en 2021 marca un punto de inflexión. No es solo un cambio de nombre, es una modernización organizativa posterior a la pandemia y, sobre todo, el paso definitivo de la reacción a la propuesta. En marzo de 2022, esa lógica se traduce en acción concreta con la iniciativa de Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Sinaloa, cuyo objetivo central es dotar de certeza jurídica a la inversión. Porque para una microempresa, un trámite detenido seis meses no es un retraso: es, muchas veces, el cierre definitivo.
A partir de ahí, CORE33 estructura su agenda en tres frentes estratégicos que reflejan una lectura madura del entorno productivo. Primero, el desarrollo sustentable con enfoque competitivo, entendido no como discurso ambiental, sino como infraestructura energética para competir globalmente. Segundo, la reforma en materia de arrendamiento urbano, buscando equilibrio entre derechos y certeza para evitar la parálisis de la inversión comercial. Y tercero, la innovación tecnológica y el capital de riesgo, bajo una premisa contundente: la productividad sin innovación es una quimera.
Este enfoque se refuerza con un análisis territorial preciso. CORE33 identifica que cinco ciudades concentran más del 84% del tejido empresarial del estado: Los Mochis, Guasave, Salvador Alvarado, Culiacán y Mazatlán. La implicación es directa: intervenir estratégicamente esos nodos permite generar impacto sistémico. No es dispersión de esfuerzos, es concentración inteligente.
Bajo esa lógica, el colectivo impulsa una propuesta fiscal de fondo: establecer tasas diferenciadas de ISR para Mipymes según su nivel de ingresos. El planteamiento no es político, es estructural. Si la formalidad resulta inviable, la informalidad se vuelve la regla. Pero si el sistema es progresivo y proporcional, la base de contribuyentes se amplía y la recaudación crece.
En paralelo, CORE33 incorpora variables que muchas veces se analizan de forma aislada, pero que en realidad son determinantes económicas. La seguridad pública es una de ellas. Cuando los indicadores de percepción en Culiacán mejoran, el colectivo no solo lo reconoce, lo amplifica. Porque la seguridad es el cimiento invisible de la inversión. El capital no se mueve únicamente por incentivos fiscales, sino por condiciones de certeza física e institucional.
En síntesis, lo que representa CORE33 dentro de la narrativa de Sinaloa Productivo y Resiliente no es un organismo empresarial más. Es la evidencia de una transición: de un empresariado fragmentado a una arquitectura de incidencia. Un colectivo que, desde el corazón de las Mipymes, ha decidido profesionalizar su interlocución, sostener relaciones institucionales, construir propuestas técnicas y asumir un rol activo en la configuración del entorno en el que opera.
La pregunta de fondo ya no es si este modelo funciona. La pregunta es si estamos ante el surgimiento de una nueva forma de activismo empresarial: más disciplinada, más estratégica y capaz de convertir organización en poder real.
Porque el verdadero punto de quiebre no está en resistir dentro del sistema. Está en tener la capacidad de rediseñarlo.
