La iniciativa impulsada por ADECEM y CORE33 propone establecer reglas claras para la actuación de las autoridades estatales y municipales. Más que crear nuevos trámites, busca fortalecer la certeza jurídica, prevenir conflictos entre ciudadanos y gobierno y convertir la calidad institucional en un factor de desarrollo económico para Sinaloa.
Cuando se habla de competitividad, con frecuencia la atención se concentra en carreteras, puertos, parques industriales, energía o incentivos para atraer inversiones. Sin embargo, existe otra infraestructura igual de importante y muchas veces menos visible: la de las instituciones.
Una empresa que decide invertir no sólo analiza el tamaño del mercado o la disponibilidad de mano de obra. También evalúa cuánto tiempo tardan los permisos, cómo actúan las autoridades, qué ocurre cuando surge una diferencia administrativa y qué tan predecibles son las reglas bajo las cuales deberá operar. La confianza institucional termina siendo tan importante como la infraestructura física.
Bajo esa premisa, la Alianza para el Desarrollo y Competitividad de las Empresas (ADECEM) y el Colectivo de Organizaciones y Empresarios (CORE33) retomaron la iniciativa de Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado de Sinaloa, un proyecto que comenzó a trabajarse en 2021, fue presentado por primera vez en 2022 y que ahora vuelve al Congreso del Estado con diversas adecuaciones para buscar su aprobación.
La incertidumbre como problema público
Para Julio César Silvas Inzunza, presidente de ADECEM, el principal problema que busca resolver la iniciativa puede resumirse en una sola palabra: incertidumbre. Aunque las autoridades cuentan con diversas leyes que establecen sus atribuciones, actualmente Sinaloa carece de una legislación general que determine cómo deben desarrollarse los procedimientos administrativos cuando una dependencia expide una licencia, realiza una inspección, impone una multa, responde una solicitud o clausura un establecimiento.
La propuesta no pretende otorgar mayores facultades al ciudadano ni reducir las competencias de las instituciones públicas. Su propósito consiste en establecer reglas comunes para el ejercicio de la función administrativa, de manera que las decisiones se encuentren debidamente fundamentadas, motivadas y sujetas a procedimientos previamente definidos.
De acuerdo con sus impulsores, contar con reglas claras fortalece tanto a los particulares como a los propios servidores públicos, al disminuir la discrecionalidad y proporcionar mayor solidez jurídica a las decisiones de la administración.
Competitividad también significa instituciones
Uno de los planteamientos centrales de la iniciativa consiste en vincular la calidad institucional con el desarrollo económico.
Silvas sostiene que las economías modernas requieren instituciones modernas. Así como los estados compiten mediante infraestructura física, también lo hacen a través de la confianza que generan sus procedimientos administrativos. En este sentido, la certeza jurídica forma parte de la competitividad porque ofrece condiciones más predecibles para quienes desean invertir, emprender o ampliar sus operaciones.
Actualmente, recordó, catorce entidades federativas ya cuentan con leyes de procedimiento administrativo y a nivel federal existe una legislación que regula exclusivamente la actuación de las autoridades federales. La propuesta busca que Sinaloa avance en esa misma dirección, armonizando su marco jurídico con las mejores prácticas administrativas.
Prevenir conflictos antes de llegar a los tribunales
Otro de los principios que orientan la iniciativa consiste en privilegiar la prevención sobre la corrección.
En la práctica, numerosas diferencias entre ciudadanos y autoridades terminan resolviéndose ante los tribunales de justicia administrativa. Sin embargo, quienes impulsan la propuesta consideran que una parte importante de esos litigios podría evitarse si desde el inicio existieran procedimientos uniformes, plazos definidos y mecanismos que permitieran corregir errores administrativos antes de judicializar los conflictos.
La iniciativa plantea que las autoridades respondan dentro de tiempos determinados, fundamenten adecuadamente sus resoluciones y permitan subsanar deficiencias cuando un trámite presente omisiones que puedan corregirse, evitando rechazos automáticos que obliguen a reiniciar procedimientos completos.
Desde esta perspectiva, la mejor controversia es aquella que nunca llega a presentarse porque las reglas fueron claras desde el principio.
Fortalecer a la administración pública
Aunque suele pensarse que este tipo de leyes benefician exclusivamente a ciudadanos o empresas, sus promotores sostienen que también fortalecen a la administración pública.
Cuando los procedimientos se encuentran claramente definidos, los servidores públicos cuentan con mayor certeza para ejercer sus funciones, disminuyen los espacios para interpretaciones discrecionales y las resoluciones administrativas adquieren mayor consistencia jurídica.
Además, la existencia de reglas homogéneas facilita la continuidad institucional frente a los cambios de funcionarios, evitando que los criterios administrativos dependan exclusivamente de decisiones personales o interpretaciones particulares.
Una agenda para el desarrollo institucional
La iniciativa se prestó nuevamente ante el Congreso del Estado el pasado 30 de julio, luego de diversos acercamientos con integrantes de la actual Legislatura, particularmente con el diputado Ambrocio Chávez Chávez, presidente de la Comisión de Hacienda, y con la Presidencia de la Mesa Directiva, quienes manifestaron disposición para retomar el proyecto y enriquecer su contenido antes de iniciar el proceso legislativo correspondiente.
Para ADECEM y CORE33, el crecimiento económico no depende únicamente de atraer inversiones o desarrollar infraestructura material. También requiere instituciones capaces de ofrecer certeza, procedimientos transparentes y reglas estables para todos los participantes.
Bajo esa lógica, la Ley de Procedimiento Administrativo no se presenta como una reforma de carácter exclusivamente jurídico. Se plantea como una herramienta para fortalecer la calidad institucional del Estado, reducir costos derivados de conflictos administrativos y generar un entorno más confiable para ciudadanos, servidores públicos e inversionistas.
En palabras de sus impulsores, la confianza comienza cuando todos conocen las reglas. Y es precisamente sobre esa premisa donde buscan construir una parte de la competitividad futura de Sinaloa.
