El Colectivo de Organizaciones y Empresarios (CORE 33) y el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Feliciano Castro Meléndrez, acordaron ir juntos en la discusión y análisis de una iniciativa de Ley de Procedimiento Administrativo.
En reunión de este organismo empresarial, que tuvo como orador invitado al diputado Feliciano Castro, el presidente en turno de CORE 33, José Valenzuela García, explicó que el objetivo de dicha ley es garantizar la certeza jurídica a las empresas que ofrecen bienes y servicios y evitar largos y costosos juicios en tribunales administrativos.
En particular, dijo, se busca apoyar a las pequeñas y medianas empresas.
Explicó que la reunión con el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado es para refrendar la política de alianzas estratégicas que impulsa CORE 33.
Por su parte, el diputado Feliciano Castro Meléndrez, aseguró que hay voluntad política de todas las fuerzas políticas del Congreso para ir con todos los sectores productivos y sociales de Sinaloa a efecto de marchar juntos en el proceso legislativo.
“Estamos ante la oportunidad, por voluntad ciudadana, de transformar Sinaloa, y no hay transformación completa si no avanzamos justamente en la generación de leyes que correspondan y den cauce a las inquietudes y requerimientos de la población”, dijo.
En el caso de la iniciativa que le presentaron, consideró que es de suma trascendencia, toda vez que las pequeñas y medianas empresas son de vital importancia, pues generan alrededor del 80 por ciento del empleo.
“Por lo tanto, nuestro compromiso reiterado es atender el planteamiento y esperamos que presenten esta iniciativa para iniciar el curso que la misma requiere”, expresó.
La iniciativa de Ley de Procedimientos Administrativos que impulsa CORE 33 busca impulsar y racionalizar la actuación administrativa, dentro de parámetros que permitan garantizar en todo momento no solo la legalidad de sus actos, sino que no trastoquen otros derechos de los ciudadanos como el debido proceso, derechos económicos, de seguridad jurídica y demás que pueden y son reclamados ante los tribuales.
En los considerandos de la propuesta se establece que actualmente hay un fuerte costo presupuestal para las empresas por enfrentar en tribunales las actuaciones defectuosas de autoridades, que finalmente se dejan sin efecto dadas sus inconsistencias jurídicas.
