Con un modelo inspirado en la consulta médica, Aldo Ruíz González convirtió el ejercicio del Derecho en una empresa que diagnostica problemas cotidianos, estandariza servicios y resuelve conflictos legales de la vida diaria de las personas. Su siguiente paso es evolucionar hacia “tiendas de servicios legales” y expandir el concepto.
La mayoría de las personas convive diariamente con el Derecho aunque no sea consciente de ello. Firma contratos, renta una vivienda, compra un automóvil, adquiere un seguro, trabaja, utiliza servicios financieros o realiza operaciones comerciales. El problema aparece cuando desconoce las reglas y toma decisiones a partir de lo que cree, escuchó o alguien le recomendó.
De esa realidad surgió Clínica de Derecho, empresa fundada y dirigida por el abogado Aldo Ruíz González bajo el concepto de “Solución jurídica de problemas cotidianos”, que busca trasladar al ejercicio legal una lógica semejante a la medicina: primero conocer al cliente, diagnosticar el problema y después determinar qué tratamiento jurídico necesita.
La propuesta rompe con una práctica arraigada en los servicios legales: asumir que la solución necesariamente debe ser un juicio. Para Clínica del Derecho, una llamada, un convenio, un contrato, un trámite o una adecuada orientación pueden resolver algunos problemas, aunque si es necesario, se acude ante los tribunales.
GENERAR “SALUD JURÍDICA”
La analogía con la medicina no es únicamente parte del nombre de la empresa. Constituye la base de su modelo.
Ruíz González considera que el Derecho está presente prácticamente durante toda la vida, pero la mayoría de las personas desconoce las reglas que regulan muchas de sus decisiones. Ese desconocimiento suele hacerse visible cuando ya existe un conflicto: una hipoteca que no puede pagarse, un seguro que no cubre determinado daño, un arrendamiento problemático, una pensión alimenticia o un contrato incumplido.
“Mi idea, o a eso me dedico, es a generar salud jurídica de las personas”, explica.
Por ello, Clínica del Derecho atiende principalmente problemas familiares, patrimoniales, mercantiles y laborales: divorcios, arrendamientos, controversias con aseguradoras y bancos, incumplimientos contractuales, pensiones alimenticias y conflictos entre particulares.
Mientras mayor conocimiento tengan las personas sobre sus derechos y obligaciones, mayores posibilidades tendrán de tomar decisiones adecuadas antes de que un problema se convierta en conflicto.
PRIMERO CONSULTAR; DESPUÉS DECIDIR
La consulta constituye el corazón operativo de la empresa.
Igual que un médico no prescribe un tratamiento antes de revisar al paciente, Clínica de Derecho busca primero conocer el problema y determinar cuál es la solución adecuada.
Aldo denomina “pastilla legal” a aquellas situaciones que pueden solucionarse mediante una llamada telefónica, un contrato, un convenio o un trámite. Si la información disponible es insuficiente, primero se realiza una investigación o se obtienen documentos adicionales. Cuando el problema realmente requiere litigio, se procede a lo que denomina una “cirugía legal”.
La diferencia es relevante porque el juicio deja de ser el producto que necesariamente debe venderse al cliente y se convierte en una alternativa entre varias.
Aldo pone como ejemplo algunos conflictos bancarios que podían solucionarse mediante una gestión ante las unidades especializadas de las instituciones financieras. Si el problema podía resolverse en una consulta, sostiene, no tenía sentido convertirlo artificialmente en un litigio de varios años.
DEL ABOGADO PROFESIONISTA AL ABOGADO EMPRESARIO
La concepción empresarial de Clínica del Derecho comenzó a gestarse desde que Aldo era estudiante.
Procedente de una familia de abogados, observó que la formación universitaria estaba orientada principalmente a preparar profesionistas para incorporarse a un empleo o ejercer individualmente, pero no necesariamente para crear y administrar una empresa de servicios jurídicos.
Una visita a la Facultad de Medicina le permitió observar otro modelo profesional. Los médicos podían desempeñarse en instituciones, mantener un consultorio privado y trabajar dentro de estructuras organizadas. Aldo comenzó entonces a preguntarse por qué los servicios jurídicos no podían organizarse de manera semejante.
Posteriormente estudió una maestría en Administración de Empresas y desarrolló como proyecto académico la idea de Clínica del Derecho. El proyecto pasó después por un proceso de incubación empresarial, se elaboró un plan de negocios y accedió al programa de Capital Semilla hasta convertirse en una empresa que abrió sus puertas en 2009.
UNA EMPRESA QUE NO DEPENDA DEL FUNDADOR
El problema que Aldo detectó no estaba únicamente en la manera de prestar el servicio, sino también en la estructura tradicional del despacho.
En su opinión, numerosos despachos funcionan alrededor de la persona que los fundó: los clientes, decisiones, expedientes e ingresos dependen del abogado titular. Cuando éste deja de ejercer, la organización pierde buena parte del valor construido.
Clínica de Derecho buscó desarrollar otra lógica: procesos, capacidad instalada, distribución del trabajo y una estructura capaz de operar sin que el fundador intervenga personalmente en cada asunto.
Esa visión implica administrar el despacho como empresa: conocer gastos fijos y variables, determinar cuánto cuesta una hora profesional, medir la capacidad de atención, establecer procesos y calcular qué servicios generan rentabilidad.
“Si tienes una estructura, la empresa funciona en beneficio del cliente”, resume Aldo al explicar la diferencia entre una organización y un despacho construido exclusivamente alrededor de su titular.
SERVICIOS Y PRECIOS ESTANDARIZADOS
Otro cambio fue establecer un catálogo de servicios.
En el modelo tradicional, explica Aldo, los honorarios pueden variar dependiendo del cliente. Clínica de Derecho decidió fijar precios de acuerdo con el servicio y su complejidad, no con la apariencia o capacidad económica de quien solicita atención.
Un contrato de arrendamiento con las mismas características debe tener el mismo precio independientemente de quién sea el cliente. El costo cambia cuando aumenta la complejidad, el tiempo, conocimiento o trabajo requerido.
“No somos baratos, somos transparentes”, puntualiza.
La consulta tiene un precio establecido de 1,500 pesos y permite diagnosticar el problema, plantear alternativas y, cuando corresponde, elaborar un presupuesto sobre el servicio posterior.
El modelo tuvo que vencer inicialmente una resistencia cultural. Cuando abrió en 2009, algunos clientes no entendían por qué debían pagar una consulta jurídica. Con el tiempo, la empresa llegó a registrar periodos de hasta nueve consultas semanales y alrededor del 60 por ciento derivaba posteriormente en otro servicio.
APRENDER A GESTIONAR EL TALENTO
La evolución empresarial alcanzó también la contratación de abogados.
Inicialmente Aldo buscaba recién egresados, pensando que podría formarlos bajo el modelo de Clínica de Derecho. La experiencia generó una elevada rotación.
La empresa modificó sus criterios de selección y actualmente privilegia perfiles con experiencia de vida, compromiso y sensibilidad ante los problemas de las personas. De los diez abogados que integran el equipo, nueve son mujeres.
El cambio produjo resultados y la rotación se redujo considerablemente.
La lección fue empresarial: se privilegia la capacidad técnica, pero también empatía, estabilidad y comprensión de problemas personales y familiares.
17 AÑOS PROBANDO EL MODELO
Clínica de Derecho suma 17 años de operación, desde su apertura en 2009 hasta 2026.
En ese periodo ha desarrollado una cartera de clientes recurrentes. Una persona puede llegar inicialmente por un divorcio y posteriormente regresar por una cuestión patrimonial, un contrato o incluso antes de contraer un nuevo matrimonio para recibir orientación.
La empresa cuenta actualmente con once colaboradores, diez de ellos abogados, y concentra su práctica fundamentalmente en asuntos de derecho privado.
También ha aprendido de sus errores empresariales. Aldo recuerda que abrió la primera clínica con una estructura ambiciosa y seis meses después se quedó sin recursos suficientes, lo que lo obligó a reducir costos y modificar su esquema operativo.
Sus conocimientos administrativos y financieros le permitieron identificar qué estaba ocurriendo y hacer ajustes en lugar de abandonar el proyecto.
DE CLÍNICAS A “TIENDAS DE SERVICIOS LEGALES”
El siguiente paso comenzó en 2017, cuando se trabajó un modelo de expansión mediante franquicias propias. Antes de la pandemia ya se habían realizado aperturas, pero el cierre de los tribunales durante la emergencia sanitaria obligó a detener y replantear aquella expansión.
La nueva etapa contempla incluso un cambio conceptual.
Aldo ya no quiere hablar solamente de despachos o clínicas, sino de “tiendas de servicios legales”: establecimientos ubicados en espacios comerciales, visibles y accesibles, donde una persona pueda entrar a solicitar atención jurídica como accede a cualquier otro servicio profesional.
El modelo pretende que desde el ingreso exista información sobre servicios, consultas y costos, reduciendo uno de los obstáculos que Aldo identifica en la relación entre abogados y sociedad: la desconfianza.
Su objetivo de largo plazo es llevar el concepto a las 32 entidades del país, reproduciendo el modelo empresarial desarrollado desde 2009.
ACERCAR EL DERECHO A LAS PERSONAS
Después de 17 años, Clínica de Derecho conserva la idea con la que nació: acercar el conocimiento jurídico a problemas que forman parte de la vida diaria.
Su apuesta empresarial consiste en convertir esa necesidad en un servicio organizado, estandarizado y escalable: diagnosticar antes de litigar, cobrar de manera transparente, buscar una solución proporcional al problema y construir una empresa capaz de funcionar más allá de la persona que la fundó.
La siguiente etapa será probar si el modelo desarrollado en Sinaloa puede reproducirse a mayor escala mediante las nuevas tiendas de servicios legales.
El concepto permanece: así como una persona acude al médico para cuidar su salud física, también puede acudir con un profesional para diagnosticar, prevenir y resolver aquello que afecta su “salud jurídica”.
