Que nueve de cada diez ciudadanos no se defiendan ante una irregularidad de las autoridades, genera que no podamos cumplir con el objetivo de que en Sinaloa haya certeza jurídica, que haya estado de derecho, y esa es una de las razones por las que se exige se dictamine la iniciativa de Ley de Procedimiento Administrativo de Sinaloa.
Lo anterior lo expresó el presidente de la Alianza para el Desarrollo y Competitividad de las Empresas (ADECEM), Julio César Silvas Inzunza, durante la reunión quincenal del Colectivo de Organizaciones y Empresarios (CORE33), cuya presidenta en turno es María Emilia Juárez Montoya, empresaria de la Región del Évora, integrada por los municipios de Mocorito, Salvador Alvarado y Angostura.
Respecto a la citada iniciativa, lamentó que a casi un año de haber sido presentada, todavía no se dictamine y se mantenga en la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, e incluso dijo que se está considerando llevarle un pastel al poder Legislativo por este aniversario.
Sin embargo, expuso que ya en acercamientos informales y por separado con el presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Ricardo Madrid Pérez, y el presidente de la Junta de Coordinación Política, Feliciano Castro Meléndrez, se manejó la posibilidad de tener un encuentro con quienes integran la Junta de Coordinación Política para tratar el tema de la referida iniciativa.
Julio César Silvas precisó que es importante se dictamine a favor o en contra de la iniciativa, por el impacto que ésta tiene no sólo para el sector empresarial, sino también para los contribuyentes y cualquier persona física con actividad empresarial, sea trabajador por honorarios o asalariados.
La iniciativa, puntualizó, da a éstos la posibilidad de que el Estado a través de los procedimientos administrativos les garantice sus derechos.
Incluso el presidente de ADECEM expuso que adicionalmente exista en Sinaloa una Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado como si pasa en otros estados del país como por ejemplo, la Ciudad de México, que permite a los ciudadanos el resarcimiento del daño patrimonial sufrido por acciones u omisiones de las autoridades.
