El cumplimiento de los derechos y prestaciones laborales en Sinaloa se ha consolidado como una práctica institucional basada más en la conciliación, el diálogo y la prevención, que en la imposición de sanciones. Esta lógica ha permitido que el estado se mantenga entre las entidades con mejor clima laboral del país, generando certidumbre tanto para trabajadores como para empleadores.
Los datos respaldan esta afirmación. Sinaloa se ubica en el quinto lugar nacional entre las entidades con menos conflictos laborales, resultado de una política pública que prioriza la solución de problemas antes que la confrontación.
“Estamos más o menos en quinto lugar en cuanto a mejores prácticas, tanto en número de inspecciones como en cobertura de unidades económicas, incluso considerando la cantidad de personal con la que contamos”, explica Marco Antonio Zazueta Zazueta, titular de la Dirección del Trabajo y Previsión Social (DTyPS).
Conciliación antes que sanción
Uno de los factores clave de estos resultados, señala el funcionario, es que la DTyPS no opera como una instancia punitiva, sino como un órgano de acompañamiento y regularización, que busca que las empresas cumplan la ley sin afectar su operación.
Esta política se refleja en las cifras: mensualmente se brindan alrededor de 250 asesorías laborales, de las cuales aproximadamente 40 corresponden a despidos injustificados, la violación laboral más recurrente. El resto se relaciona con dudas sobre vacaciones, utilidades, aguinaldo y otras prestaciones.
Las estadísticas más recientes confirman la estabilidad laboral. Durante diciembre de 2025, solo se registraron tres quejas por falta de pago de aguinaldo. En uno de los casos se logró la conciliación y el pago inmediato, mientras que en los otros dos fue necesario iniciar el procedimiento jurídico correspondiente ante la falta de acuerdos.
Inspección con enfoque preventivo
A lo largo de 2025, la Dirección del Trabajo y Previsión Social realizó 13 mil inspecciones en centros laborales del estado, con el objetivo de verificar el cumplimiento de prestaciones y garantizar condiciones adecuadas de seguridad y salud en el trabajo.
De ese universo, menos del 10 por ciento derivó en multas, es decir, alrededor de mil sanciones. En la gran mayoría de los casos, las irregularidades detectadas se resolvieron mediante plazos de corrección y entrega de documentación, sin necesidad de castigos económicos.
Zazueta detalla que, cuando un inspector detecta alguna omisión, el empresario cuenta con cinco días hábiles para presentar la documentación requerida. Posteriormente, se programa una audiencia —casi un mes después— para revisar el cumplimiento. Solo cuando no se atienden estos dos momentos es cuando el caso se turna al área de resoluciones para aplicar la sanción correspondiente.
Diálogo permanente con el sector productivo
De manera adicional, la DTyPS mantiene un diálogo constante con cámaras empresariales, asociaciones y organismos productivos, a fin de que estos repliquen la información entre sus agremiados y promuevan el cumplimiento normativo.
Incluso, cuando se detectan faltas u omisiones, se brinda a las empresas la oportunidad de subsanarlas voluntariamente, evitando multas y fortaleciendo una cultura de cumplimiento.
Este enfoque, subraya el titular de la dependencia, ha permitido que Sinaloa obtenga resultados destacados, a pesar de que la política laboral se gestiona desde una Dirección y no desde una Secretaría, como ocurre en la mayoría de las entidades del país. Aun así, los indicadores colocan al estado por encima de muchos otros en materia de estabilidad laboral.
Responsabilidad social y trabajo agrícola
Otro indicador relevante es la prevención del trabajo infantil en campos agrícolas. A pesar de que en Sinaloa se cultivan anualmente más de 700 mil hectáreas, el estado presenta resultados positivos en esta materia, lo que, señala Zazueta, refleja la responsabilidad social de los productores agrícolas y empresarios sinaloenses.
Nuevas reglas laborales: transición con consenso
En el ámbito de las novedades laborales, destaca la reciente aprobación de la llamada “Ley Silla”, que garantiza a las y los trabajadores el derecho a sentarse durante la jornada laboral cuando la naturaleza del trabajo lo permita. Actualmente, la aplicación de esta norma se encuentra en una fase de concientización, previo a la imposición de sanciones.
A ello se suma la reducción gradual de la jornada laboral, que pasará de 48 a 40 horas semanales para el año 2030. A partir de 2026, la jornada se reducirá dos horas por año, proceso que, según el funcionario, fue aprobado con el consenso de dirigentes empresariales y sindicatos nacionales.
Un activo para Sinaloa Productivo y Resiliente
El clima laboral que hoy vive Sinaloa no es producto de la casualidad, sino de una estrategia basada en diálogo, prevención, certidumbre jurídica y corresponsabilidad. En un contexto económico complejo, esta estabilidad se convierte en un activo fundamental para atraer inversiones, sostener empleos y fortalecer la competitividad.
La experiencia de la Dirección del Trabajo y Previsión Social confirma que más soluciones y menos sanciones no solo reducen conflictos, sino que construyen un entorno laboral propicio para un Sinaloa Productivo y Resiliente.
