Los recursos recaudados a través del Impuesto Sobre Nómina, se estima que este 2022 superen los dos mil millones de pesos, y quisiéramos que con este dinero se le diera un mayor impulso a las actividades productivas, no sólo en capacitación, sino también en trámites, en mejora regulatoria, demandó Julio César Silvas Inzunza.
El presidente en turno del Colectivo de Organizaciones y Empresarios (CORE33), expresó lo anterior durante la reunión de trabajo que quincenalmente tienen, en donde afirmó que en contraparte “los empresarios de Sinaloa hemos sido muy responsables en cuanto al pago de este impuesto, cuya recaudación cada año es progresiva”.
Consideró que, para el próximo año, 2023, en Sinaloa se deberá avanzar en leyes, a través del Congreso del Estado, que permitan que las actividades productivas se desarrollen y se consoliden.
Afirmó que de parte de CORE33 hay total disposición de trabajar hombro con hombro con el Gobierno del Estado para que la administración pública sea eficiente.
De los retos a enfrentar en Sinaloa, citó la atención a las vacantes formales, reducir la informalidad laboral que hay en la entidad y que es asombrosa, y al mismo tiempo reducir la informalidad empresarial.
“El gobierno solo no puede hacerlo, tenemos que trabajar en equipo y acompañar a los informales para que lleguen a la formalidad”, dijo.
La agenda de CORE33, precisó, es buscar las políticas públicas que permitan fortalecer a las actividades productivas.
Precisó que uno de los esfuerzos de este colectivo de organizaciones y empresarios es la iniciativa de Ley de Procedimiento Administrativo, que se presentó ante el Congreso del Estado, a la cual ya se le dio primera y segunda lectura y se turnó para su dictamen a la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, y ahí se ha detenido.
Añadió que el próximo año CORE33 hará un recorrido por las principales ciudades de Sinaloa para presentar esta iniciativa ante empresarios y los distintos organismos empresariales de cada ciudad para crear consensos que permitan que el trabajo legislativo del Congreso del Estado sea incluyente, que tomen en cuenta las necesidades que tiene el sector empresarial desde el punto de vista normativo.
“Esto ayudaría a inhibir los actos de corrupción, que tanto ha combatido el gobernador Rubén Rocha Moya, y también ayudaría a darle mayor celeridad a los temas que los empresarios tenemos con la autoridad, y a establecer condiciones claras para su desarrollo”, dijo.
