El Colectivo de Organizaciones y Empresarios (CORE 33) le toma la palabra al gobernador Rubén Rocha Moya de transformar las instituciones de Sinaloa para generar un mayor nivel de bienestar social, y para ello debe incluirse la participación y fomento de empresas formales.
En conferencia de prensa ofrecida este miércoles, luego de una reunión con diputados de los partidos PRI y Movimiento Ciudadano, así como con diputado sin partido, el presidente de la Alianza para el Desarrollo y Competitividad de las Empresas (ADECEM), Julio César Silvas, expuso que es imprescindible incluir a empresas formales en el Plan Estatal de Desarrollo.
“El mayor nivel de bienestar se va a dar siempre que las empresas contribuyan con empleos formales, pues con éstos se garantiza el acceso a los derechos a la salud, a la vivienda y también el acceso a un derecho que tiene que ver con una pensión a futuro”, puntualizó.
Si no trabajamos a la par en fortalecer las empresas formales que generan empleos formales, estaríamos limitados en esa aspiración de un mayor nivel de bienestar social, dijo.
Recordó que como sector empresarial ya se ha tenido diálogo con el gobernador Rubén Rocha Moya desde que fue candidato a Senador y desde entonces se ha mantenido.
Por eso, dijo, inferimos que quiere transformar las instituciones de Sinaloa para que se genere un mayor nivel de bienestar social, y le tomamos la palabra y proponemos políticas inclusivas con las que se fomente el desarrollo de las micros, pequeñas y medianas empresas (Mipymes).
En la conferencia de prensa el presidente en turno de CORE 33, Luis Enrique Bolaños Amador, informó que se tuvo como invitados a los diputados Ricardo Madrid Pérez, del PRI; Adolfo Beltrán Corrales, sin partido; y las diputadas Celia Jáuregui Ibarra, de Movimiento Ciudadano.
Precisó que el objetivo fue presentarles y solicitarles su respaldo a la iniciativa de Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de Sinaloa.
Precisó que con esta iniciativa se contribuye a un gasto eficiente de los recursos púbicos y se busca inhibir el pago de multas y recargos, reembolsos en perjuicio de las finanzas públicas por actos de irregularidad de algunos servidores públicos en contra de particulares.
Esta iniciativa, añadió, no requiere de presupuesto para su ejecución y por el contrario generará ahorros en las finanzas públicas y le abonará a la buena relación que debe de existir entre gobernantes y gobernados.
Nuestra agenda, aclaró, es ciudadana, sin más pretensiones que fortalecer el Estado de Derecho a través de leyes y reglamentos que garanticen la libre empresa, libre competencia y nuestra capacidad de generar y distribuir riquezas en beneficio de todas y todos los mexicanos.
Por ello, aseguró que se coincide con la propuesta del gobernador Rubén Rocha Moya de transformar las instituciones políticas, sociales y económicas para generar un mayor estado de bienestar.
