El Colectivo de Organizaciones y Empresarios (CORE33) presentó nuevas propuestas de reformas y adiciones a la Ley de Hacienda Municipal, al Código Penal, para hacer menos oneroso el pago del predial rústico a granjas acuícolas y al mismo tiempo aplicar sanciones más severas a quienes roban y venden camarón y otros productos de granja.
Asimismo, presentó propuesta para reformar los Códigos Civil y de Procedimiento Civiles para dar mayor certeza en la renta de bienes inmuebles para comercio y casa habitación.
La presentación de estas propuestas se hizo ante los diputados Marco Antonio Zazueta Zazueta, Jesús Alfonso Ibarra Ramos, Juan Carlos Patrón Rosales, y la diputada Cecilia Covarrubias, ante quienes primeramente les explicaron el contenido de la iniciativa de Ley de Procedimiento Administrativo, presentada apenas el 9 de marzo pasado ante la Oficialía de Partes del Congreso del Estado.
Las y los integrantes de CORE 33, cuyo presidente en turno es Luis Bolaños Amador, les solicitaron a los diputados y a la diputada presentes su apoyo para sacar adelante estas propuestas a efecto de dar mayor certidumbre y certeza a las actividades productivas de Sinaloa.
Carlos Urías Espinoza, presidente de la Confederación de Asociaciones Acuícolas del Estado presentó las propuestas de reformas y adiciones a la Ley de Hacienda Municipal y al Código Penal.
En cuanto a la Ley de Hacienda Municipal, expuso que la misma transgrede el principio de proporcionalidad tributaria contemplado en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues el cobro con base en el valor de la producción acuícola no guarda congruencia directa con el objeto del impuesto predial, que es la propiedad y posesión de inmuebles.
La propuesta es, precisó, adicionar un segundo párrafo al inciso a) de la fracción II del artículo 34, para establecer que:
“Para efectos del valor de la producción anual comercializada se tomará como base el precio promedio de venta que el acuicultor manifieste”.
De igual manera se propone reformar el inciso b) del artículo 35, para que diga:
“0.5 por ciento del valor de su producción anual comercializada”, en lo relativo al pago del impuesto predial, en lugar del 1.0 por ciento.
En lo relativo al Código Penal, Urías Espinoza explicó que los productores acuícolas tienen un incremento en robo y violencia en los últimos años, y calificó como preocupante la inseguridad que enfrentan cuando cosechan en sus granjas, pues se registra un apoderamiento doloso de la producción.
La propuesta es, dijo, tipificar como delito el robo de camarón y otros productos de orden acuícola.
Hay, precisó, una red de delincuentes que se apoderan, transportan, almacenan y venden el camarón robado.
Propuso adicionar la fracción XI al artículo 240 del citado código para incluir el robo de camarón en granjas acuícolas o ya cosechados, a efecto de que se aumenten hasta tres cuartas partes las penas previstas.
A ello le agregó la problemática de entrada ilegal de camarón procedente de Sudamérica, y que representa una competencia desleal.
En lo que se refiere a la propuesta de reformas al Código Civil y al Código de Procedimientos Civiles, el presidente de la Asociación de Propietarios de Estacionamientos Privados con Servicio al Púbico, José Valenzuela García, precisó que el objetivo es agilizar el ejercicio de los derechos del arrendador en caso de incumplimiento en los pagos de rentas por parte de los inquilinos.
En el Código Civil, dijo, se propone reformar el artículo 2371 para eliminar el requisito de que se podrá rescindir el contrato de arrendamiento cuando hay retraso en el pago de renta sólo si se adeudan dos mensualidades en el caso de locales de renta para comercio, y de tres mensualidades para el caso de casas-habitación.
Se propone, añadió, que la rescisión del contrato de arrendamiento se dé con base en la falta de pago de la renta en los términos del contrato, sin condicionarlo a la falta de pago de renta de 2 o 3 meses, como ya se aplica en el estado de Jalisco.
Para el caso del Código de Procedimientos Civiles se propone incluir la figura de juicios orales para hacer más ágiles los juicios de arrendamiento por falta de pago de la renta.
El diputado Juan Carlos Patrón mostró su acuerdo en trabajar a favor de los acuicultores.
El diputado Jesús Alfonso Ibarra, hizo el compromiso de trabajar en la Ley de Hacienda Municipal, sobre todo en el cambio de predial urbano.
El diputado Marco Antonio Zazueta, se refirió a la iniciativa de Ley de Procedimiento Administrativo y reconoció que por falta de esta norma hay autoridades que aplican diversos criterios y dejan a empresas y empresarios en indefensión total.
